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Tomas Elias Gonzalez Needham TAB //
Todos a favor de las reformas, salvo cada uno

Las elecciones legislativas del 22 de octubre no sólo determinarán cómo quedarán los tantos del oficialismo y la oposición en el Poder Legislativo, sino, fundamentalmente, hasta qué punto llega el “cambio cultural” en que se apoya el gobierno de Mauricio Macri para avanzar en sus prometidas reformas estructurales.

La Argentina necesita reformas de todo tipo para dejar atrás una larga etapa de decadencia institucional, económica y social, agudizada por la política populista de la última década. En muchos sectores el cambio de reglas supone un largo camino sólo para ingresar tardíamente al siglo XXI, apuntar al futuro y no refugiarse en el pasado. Pero también cada uno que haya conseguido una “quintita” o zona de confort a costa del Estado, se convierte en un acérrimo reaccionario por más que se declare progresista, según la lúcida definición de Jorge Fernández Díaz a propósito del apoyo de padres a la toma de colegios secundarios.

Foto: LA NACION Otra actitud ambivalente, cada vez más extendida, es la de no pocos dirigentes y ciudadanos que hacen culto del “animémonos y vayan”.

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O sea, manifestarse a favor de futuras reformas siempre y cuando recaigan en los demás y no afecten sus propios intereses.

De ahí que el resultado electoral sea un test clave para medir y localizar el grado de consenso social y de rechazo a los cambios en marcha, más los que se perfilan hacia adelante por ahora con más objetivos que instrumentos.

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Pero aun asumiendo que el oficialismo aumente el número de bancas propias en las dos cámaras legislativas, tendrá por delante una enorme tarea: hacer docencia sobre la necesidad de las reformas; sus costos (a corto plazo) y beneficios (a más largo plazo); buscar acuerdos políticos y, fundamentalmente, lograr un marco legal e institucional para que no queden en letra muerta.

Con una economía poco competitiva y que vuelve a reactivarse después de un año y medio de recesión, en la previa hay varios indicios alentadores.

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Ya dejó de ser un secreto que la Casa Rosada no prorrogará a fin de año la ley de Emergencia Económica, que faculta al Poder Ejecutivo a modificar contratos con el Estado sin pasar por el Congreso.

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Si bien podía ser justificable tras la crisis de 2001/2002, esta ley se convirtió con el correr de los años en un monumento a la inseguridad jurídica que ahuyentó inversiones.

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Su fin reabrirá la puerta del régimen de Participación Público Privada (PPP), donde empresas privadas aportarán financiación a largo plazo para construir, operar y mantener obras de infraestructura y recuperar la inversión en dólares con contratos de hasta 20 años.

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Según reveló en la Conferencia Anual de FIEL el ministro de Finanzas, Luis Caputo, ya se presentaron 59 proyectos de PPP, que involucran inversiones por US$ 26.000 millones (en obras viales, hídricas y eléctricas) para los próximos tres años.

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Por otro lado, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) aprobó el plan de desinversión de Prisma, la empresa que maneja en el país Visa y Banelco, cuyos accionistas son Visa Internacional y 14 bancos que próximamente pasarán a competir entre sí y con otras entidades para ofrecer condiciones de financiación a los clientes y descuento mensual de cupones a los comercios.

La inflación es el principal problema en el que todos concuerdan en que siga bajando mientras otros se hagan cargo del costo.

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Aunque 2017 cerrará con un nivel de 22% anual, casi la mitad que el año anterior (39%), se mantiene como la más alta de la región con excepción de Venezuela, donde se catapultó a tres dígitos.

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Aquí también la Argentina quedó fuera de Latinoamérica en lo que va del siglo XXI, mientras la inflación creaba más pobres.

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Y el descenso, para ser duradero, lleva tiempo. En las Jornadas Monetarias organizadas por el BCRA, el presidente del Banco Central de Perú (Julio Velarde), recordó que en el primer mandato de Alan García la inflación llegó al 7000% anual y a partir del programa aplicado en 1990 se redujo a un dígito después de seis años, para ubicarse en los últimos cinco en 3% anual con un régimen de metas monetarias y tipo de cambio flotante.

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Su colega de Paraguay (Carlos Fernández Valdovinos) fue más allá y explicó que el guaraní es la única moneda de la región que no sufrió quita de ceros en los 74 años que lleva en circulación.

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Después de un pico de 44% en 1990, la inflación bajó a la cuarta parte en menos de diez años y desde 2011 se cumple la meta de 4% anual.

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Para más datos, agregó que en 2013 se sancionó una ley de Responsabilidad Fiscal que fija un tope de déficit equivalente al 1,5% del PBI para la administración nacional y prohíbe la emisión de bonos salvo para renovación de deuda ( roll over ) y financiación de gastos de capital (obra pública).

En ambos casos hubo una demanda de la sociedad por tasas de inflación de un dígito, a diferencia de la Argentina.

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Esto bien podría ocurrir ahora, a medida en que siga aumentando la oferta y demanda de préstamos hipotecarios a 20/30 años de plazo ajustables por UVA y la menor inflación impulsando el crecimiento del PBI.

De todos modos, el equilibrio macroeconómico se mantiene como asignatura pendiente.

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El gobierno de Macri heredó déficits gemelos (fiscal y externo) y la política de gradualismo elegida hace que el horizonte para reducir el peso relativo del gasto público en la economía se extienda por lo menos cinco años, en una transición amortiguada con mayor endeudamiento externo.

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Y esta opción reduce las chances de bajar fuerte la presión tributaria.

En la Conferencia de FIEL, el economista Daniel Artana evitó los eufemismos: “Para cubrir el nivel de gasto que queremos tener, habría que subir 20% o más los impuestos; o bien bajar el gasto”, explicó, antes de recordar que el Estado se endeuda para cubrir el empleo público y las moratorias previsionales que sumaron a más de dos millones de personas sin aportes.

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No obstante, estimó que la futura reforma tributaria será necesariamente gradual, con bajas de algunos impuestos distorsivos y subas de otros.

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“No hay que pensar que las reformas estructurales son siempre buenas noticias. Hay que tener claro el diagnóstico, hay tiempo para arreglar los problemas, pero debe haber una agenda de reformas”, concluyó.

Puertas adentro del Estado hay mucho por hacer.

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Por un lado, fijar prioridades de inversión pública ante las enormes necesidades de obras de infraestructura social (agua, cloacas, vivienda, etcétera) para mejorar la calidad de vida de los sectores más pobres y económica (rutas, trenes de carga, canales, puertos, etc) para mejorar la competitividad.

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Por otro, considerar que la “despapelización” de trámites no necesariamente es sinónimo de desburocratización.

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También habrá que avanzar en la profesionalización de la carrera administrativa, deteriorada por el ingreso masivo de personal sin capacitación ni otro requisito que la militancia política como virtual seguro de desempleo garantizado por ley.

Otro tanto ocurre con la reforma para mejorar la calidad educativa, donde en las últimas semanas se llegó a extremos impensables, como las tomas de colegios porteños por los estudiantes en contra del proyecto de introducir prácticas laborales (con la repudiable derivación de un abuso sexual ocultado deliberadamente), o el rechazo de gremios docentes a la evaluación de los futuros maestros y profesores.

No menos compleja se perfila la reforma para reducir costos laborales no salariales, que en la Argentina son los más altos de Latinoamérica.

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No sólo porque hasta ahora sólo dos jurisdicciones (CABA y Córdoba) adhirieron a la nueva ley para frenar juicios por fuera del régimen de riesgos de trabajo.

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También porque la negociación involucra a dirigentes millonarios perpetuados desde hace décadas en sus sindicatos, sin rendir cuentas sobre el manejo de las obras sociales ni presentar declaraciones juradas de impuestos, aunque siempre dispuestos a canjear concesiones por más “caja”.

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Y que no sólo son los que actualmente están presos.

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