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El régimen enemigo de la convivencia

La continuidad del régimen en el poder, seguirá generando la profundización de los problemas y la crisis, así como el ataque institucionalizado del Estado hacia los diversos sectores de la población Los graves problemas de nuestra sociedad, magnificados en la crisis, se profundizan en el contexto del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. La solución de estos problemas no solo se dificulta por la complejidad o escala de los mismos, o las taras que como país debemos concientizar y superar para abordarlos. Ahora también nos enfrentamos a un régimen dictatorial que ha pervertido las funciones y naturaleza del Estado. Empeoran las deficiencias y consecuencias negativas de un modelo rentista, centralizador y sectario, así como aumentan de forma desproporcionada los niveles de corrupción, desconfianza e impunidad de este. A ello se suma el afianzamiento del grupo en el poder, que utiliza para sus intereses particulares instituciones y medios públicos, transgrediendo marcos legales y constitucionales, afectando la normalidad de la vida del país y el bienestar de sus ciudadanos.

Problemas tan graves y con un efecto directo en las personas, como los de salud, alimentación y seguridad, no sólo no son abordados de manera prioritaria, oportuna y eficiente por el gobierno, sino que, además, son aprovechados por éste para establecer formas de control y opresión, como sucede con los CLAP, los carnets de la patria o las misiones de vivienda y trabajo, por ejemplo. También utiliza estos problemas en la construcción y difusión de su discurso, en el que evade su responsabilidad, divide a la sociedad y criminaliza o difama a sectores disidentes o críticos.

Este modelo de poder destructivo y empobrecedor tiene efectos devastadores al vincularse a problemas crónicos enraizados en nuestra sociedad. En el caso de la inseguridad y violencia, podemos verlo no solo en el aumento de índices de criminalidad, sino, también, en el deterioro de las instituciones policiales. Durante décadas, la falta de planes estructurados, que contemplen la prevención y se articulen con las comunidades, así como la formación y dotación de recursos apropiados a los cuerpos y funcionarios policiales, han sido una de nuestras grandes fallas en materia de seguridad pública. Ahora, a esto se le  suma la “cartelización” de sectores de las fuerzas policiales, que se convierten en organizaciones criminales dentro de los cuerpos de seguridad. Es un nuevo nivel de grupos delictivos en el que surgen bandas compuestas o apoyadas por funcionarios de distintos rangos que perpetran actos de sicariato, secuestro, contrabando o extorsión. Se produce un fenómeno de institucionalización de la impunidad y la corrupción, que desintegra la confianza de las personas en las instituciones, e incide significativamente en el aumento de la criminalidad.

Pero, sin duda, uno de los más terribles efectos de esta política de poner al Estado en guerra contra las personas, es el de criminalizar y denigrar valores de convivencia, solidaridad e inclusión. El Estado no solo no cumple con sus funciones de velar por los ciudadanos y generar condiciones de bienestar común, sino que, por el contrario, gasta recursos, esfuerzo y tiempo en atacar a individuos o grupos que hacen trabajo social, velan por los DDHH o realizan labores de empoderamiento a comunidades y sectores sociales.

Estas campañas se hacen directamente a través de voceros y canales de comunicación de instituciones del Estado así como a través de grupos afines al gobierno o individuos particulares en redes sociales. No se trata de críticas a modos de actuar o desavenencias ideológicas o de metodología, sino de ataques  que difaman y criminalizan, desvirtuando actividades de bien común asociándolas con motivos desestabilizadores,  ilegales o éticamente cuestionables. Incluso, se producen montajes  de “guerra sucia”, en los que se generan materiales falsos (volantes, documentos, invitaciones) y se montan “ollas podridas” con pruebas fraudulentas y hechos manipulados.

Muchas veces estos ataques pasan al plano físico, saboteando y obstaculizando actividades, en algunos casos por funcionarios e instituciones gubernamentales. Hemos vivido este tipo de ataques en nuestras labores de Caracas Mi Convive y Alimenta la Solidaridad en el Municipio Libertador, superándolos gracias el apoyo de la comunidad y la transparencia tanto de nuestra organización como de nuestras acciones.

Estos ataques no solo afectan a los organizadores, voluntarios y aliados, sino, también, a las comunidades y grupos beneficiados. De una manera perversa buscan asociar la convivencia y la solidaridad a actividades que responden a agendas ocultas u oscuras manipulaciones políticas y generar desconfianza en las personas. Inducen el temor a participar y organizarse por las posibles retaliaciones por parte del gobierno y las autoridades.

La continuidad del régimen en el poder, seguirá generando la profundización de los problemas y la crisis, así como el ataque institucionalizado del Estado hacia los diversos sectores de la población.  Pero esta política retorcida también habla del temor del régimen a la gente y el poder de transformación de las personas. Conscientes de ello debemos mantenernos en la senda de la convivencia y la solidaridad, desde lo político y lo social, no solo como una forma de enfrentar los enormes problemas de la crisis, sino también como una manera de resistencia y de logro de verdaderas condiciones para el cambio.

 

Coordinador de Movimiento Mi convive

Miembro de Primero Justicia

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Sarkis Mohsen

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